Alrededor de 300 familias fueron víctimas de desplazamiento forzado en la subregión del San Juan, Chocó

Cerca de 1500 personas de comunidades étnicas tuvieron que salir de sus territorios hacia las cabeceras municipales de Istmina y Nóvita, por cuenta de enfrentamientos armados entre miembros del ELN y de las AGC, que están en disputa por el control territorial.

El Defensor del Pueblo exhortó a las autoridades a adoptar medidas que mitiguen las carencias humanitarias de las comunidades afectadas, en las que se apliquen los principios de coordinación y subsidiaridad, entre otros.

Bogotá, El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado urgente a autoridades nacionales y departamentales para que atienda a aproximadamente 300 familias afro e indígenas, unas 1500 personas, que debieron salir de sus territorios en la subregión del San Juan, en el departamento del Chocó, a causa de enfrentamientos armados que se vienen presentando desde el pasado 21 de mayo, concretamente en el corregimiento Charco Hondo, entre la guerrilla del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo).

“Desde la Defensoría del Pueblo estamos acompañando a las comunidades chocoanas de Charco Largo, Barrancón, Barranconcito, Charco Hondo, en zonas apartadas de Sipí, que fueron desplazadas hacia la cabecera municipal de Istmina; y a las comunidades de Santa Bárbara, Cajón, San José y Torrá, de la zona rural de Nóvita, que fueron desplazadas hacia el casco urbano del mismo municipio de Nóvita”, afirmó el Defensor del Pueblo.

A los dos eventos masivos de desplazamiento forzado se les suma otra problemática: un importante número de familias no han podido salir de las zonas por el riesgo de posibles nuevas confrontaciones entre los grupos armados y porque no cuentan con los medios para movilizarse hacia las cabeceras municipales.

“La vulneración de derechos humanos a estas comunidades étnicas es rechazada tajantemente por la Defensoría del Pueblo, toda vez que hemos venido advirtiendo a través dos alertas tempranas vigentes, la 012 del 2022 para Sipí y la 027 del 2021 para Nóvita, las problemáticas derivadas por la disputa del control territorial de los grupos al margen de la ley, como confinamiento y desplazamientos masivos”, aseguró Carlos Camargo Assis.

El Defensor del Pueblo agregó que urge atención integral y protección para estas comunidades: “Debido a la compleja situación que está a punto de desbordar la capacidad de los entidades locales, exhorto a las autoridades nacionales y departamentales a tomar las medidas pertinentes para mitigar las carencias humanitarias de las comunidades étnicas afectadas, en las que se apliquen los principios de coordinación, subsidiaridad, concurrencia y complementariedad”.

A quienes ya están en albergues transitorios es propicio garantizarles alimentación, suministro de agua; desde ya es pertinente que la fuerza pública les proteja sus bienes que debieron dejar abandonados.

“Así como estamos exigiendo atención prioritaria para quienes están en sitios de paso, de la misma manera solicitamos les sea dada la respectiva asistencia humanitaria a las personas que llegaron a casas de familiares en Istmina y Nóvita; para ello, es clave su pronto proceso de identificación”, expresó Carlos Camargo Assis.

Funcionarios de la Regional Chocó de la Defensoría del Pueblo vienen haciéndole seguimiento a los dos eventos masivos y acompañando a las familias desplazadas, que también tuvieron que salir de sus lugares de origen porque el ELN las amenazó diciéndoles que no pueden estar en los territorios en disputa porque se van a agravar las hostilidades.